Con la captura la noche de este martes del senador por el partido Liberal Mario Castaño Pérez por presuntos actos relacionados con corrupción, son cinco los congresistas del actual periodo legislativo, 2018-2022, que han sido privados de la libertad en el país.

Este número de parlamentarios en líos con la justicia no se veía desde el período 2006 y 2010, cuando se destapó el escándalo de la llamada parapolítica.

De estos dos ya han sido condenados, como es el caso del senador del partido de la U Eduardo Pulgar Daza, a quien en junio del 2021 la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de prisión de cuatro años y ocho meses de prisión.

El excongresista fue capturado en diciembre de 2020.

Pulgar aceptó cargos de intento de soborno al juez Andrés Rodríguez Cáez, en 2017, para favorecer a una universidad en Barranquilla.

En este sentido el alto tribunal lo condenó por delito contra la administración pública y lo absolvió por el delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con la investigación, Pulgar invitó a su apartamento al juez Cáez para ofrecerle “200 barras”, a cambio de torcer un millonario proceso administrativo en plena disputa por la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En el caso reciente del senador Mario Castaño es investigado por su probable relación con una red criminal para obtener beneficios de contratos del Estado en varios departamentos.

En las elecciones de marzo pasado Castaño fue relegido para un tercer periodo.

La lista de congresistas judicializados la integran igualmente el exsenador Richard Alfonso Aguilar Villa, por presuntas irregularidades en contratación, cuando entre 2012 y 2015 fue gobernador de Santander.

Aguilar se encuentra en prisión desde julio del año pasado, y aunque luego renunció a su curul convencido de que su caso pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía, la alta Corporación mantuvo el proceso en su despacho.

De otro lado junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra el entonces Representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque.

Le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el marco de la investigación por hechos ocurridos cuando fue alcalde de Zipaquirá entre 2004 y 2007.

La medida fue proferida por la Sala Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, en desarrollo del proceso penal por conductas relacionadas con la celebración de un convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá en 2007.

Caicedo renunció a la curul que tenía en la Cámara por Cundinamarca a nombre del Partido de La U.

Sigue en detención domiciliaria, a la espera de que se defina su situación jurídica.

Finalmente en septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años y 11 meses de prisión al exrepresentante del Partido Conservador por el Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano.

Los magistrados lo encontraron responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y receptación.

Así mismo, lo halló cómplice de contaminación ambiental por explotación de un yacimiento minero.